La ONU advierte que las sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional amenazan la Justicia universal
 |
| La ONU ha advertido que los ataques a la CPI debilitan la lucha contra los abusos y el derecho internacional / Wikimedia Commons |
La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas advirtió que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el organismo suponen un riesgo para el sistema de justicia internacional y pueden debilitar la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves.
Durante el debate del informe anual de la Corte Penal Internacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta del órgano, Annalena Baerbock, calificó estas medidas como “ataques contra los principios mismos del derecho internacional”.
Las sanciones fueron adoptadas por Estados Unidos a raíz de una orden ejecutiva firmada en febrero, después de que la Corte emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Entre las medidas previstas se encuentran el bloqueo de bienes o activos en territorio estadounidense y la prohibición de viajar al país para jueces o fiscales vinculados a las investigaciones.
DEFENSA DEL DERECHO INTERNACIONAL
Baerbock recordó que la Corte se creó bajo el principio de que “la justicia es un deber universal”, un objetivo que, más de dos décadas después de la fundación del tribunal mediante el Estatuto de Roma, aún no se ha cumplido plenamente.
Según señaló, el tribunal ha demostrado durante años que es posible exigir responsabilidades incluso en contextos de violencia extrema. Sin embargo, advirtió que las atrocidades que continúan produciéndose en distintos conflictos muestran que la lucha contra la impunidad sigue siendo una tarea pendiente.
La presidenta de la Asamblea General subrayó además que la cooperación de los Estados es esencial para que la Corte pueda investigar, detener a sospechosos y ejecutar sus decisiones judiciales.
"ATAQUES DELIBERADOS" CONTRA LA CORTE
Baerbock denunció que la institución ha sufrido presiones y ataques que ponen en riesgo su independencia. Entre ellos mencionó sanciones contra funcionarios del tribunal y ciberataques dirigidos a sus sistemas informáticos.
A su juicio, estas acciones no son hechos aislados, sino intentos deliberados de debilitar el estado de derecho y socavar la confianza en las instituciones internacionales.
En el mismo debate, la presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, alertó de que las amenazas y medidas coercitivas contra el tribunal representan una grave amenaza para la administración de justicia y para los esfuerzos globales destinados a combatir la impunidad.
Akane afirmó que las decisiones de la Corte recuerdan a la comunidad internacional que la justicia “trasciende las fronteras y los intereses”, pero advirtió que presionar o intimidar a los jueces debilita la credibilidad del derecho internacional.
UN LLAMAMIENTO A PROTEGER EL SISTEMA JUDICIAL INTERNACIONAL
En este contexto, una resolución presentada ante la Asamblea General recalca que los funcionarios de la Corte deben poder ejercer su mandato “sin intimidación” y condena cualquier amenaza, ataque o interferencia contra la institución o quienes cooperan con ella.
Akane también destacó el impacto del trabajo del tribunal en las víctimas de crímenes internacionales. En el último año, más de 18.000 víctimas han participado en procedimientos ante la Corte, que ofrece un espacio para que sus testimonios sean escuchados y para que se reconozca la responsabilidad de los culpables.
Además, recordó el papel del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, creado por los Estados miembros de la Corte, que ha permitido proporcionar reparaciones económicas a decenas de miles de personas afectadas por crímenes de guerra, como ocurrió en Uganda.
Para los responsables de la institución, el futuro del sistema de justicia internacional depende en gran medida del apoyo y la cooperación de los Estados. Sin ese respaldo, advirtieron, la capacidad de la Corte para perseguir los crímenes más graves del mundo podría verse seriamente comprometida.