Hidroeléctricas, opacidad y poder: Antonio Aretxabala alerta de una “corrupción hidroeléctrica” estructural

Central hidroeléctrica en el río Miño / Wikimedia Commons

25.3.2026

Un artículo del geólogo, profesor y divulgador vasco denuncia opacidad institucional, privilegios empresariales y falta de control público en la gestión de estas infraestructuras energéticas asociadas a los embalses en el Estado español. 

Más allá de un caso concreto, el análisis de Antonio Aretxabala sitúa el foco en un sistema en el que confluyen concesiones de largo recorrido, escaso control administrativo y grandes intereses económicos.

El planteamiento del especialista es directo: "padecemos corrupción hidroeléctrica", afirma el autor, que describe un modelo en el que la gestión del agua -especialmente en lo relativo a la producción energética- ha derivado en dinámicas de gestión política que en ocasiones están muy alejadas del interés general. En este sentido, su acusación no se centra únicamente en prácticas ilegales, sino también en lo que considera una normalización de decisiones opacas y difíciles de fiscalizar. 

Según su texto, el problema radica en un “entramado difícil de esclarecer” donde participan administraciones públicas y grandes compañías energéticas, criticando la falta de vigilancia efectiva sobre concesiones que, en algunos casos, se remontan a décadas atrás y que siguen generando importantes beneficios privados.

Uno de los ejes centrales es la transparencia. El autor critica que el acceso a la información sobre la gestión de embalses y caudales es limitado y, en ocasiones, tardío. En ese contexto, sostiene que proliferan “prácticas que rayan en lo mafioso”, que rara vez se traducen en responsabilidades políticas o judiciales. La consecuencia, advierte, es una ciudadanía con escasa capacidad de supervisión sobre un recurso esencial.

El planteamiento del geólogo enlaza esta situación con una reflexión más amplia sobre el poder. Citando a la Fundación Nueva Cultura del Agua, recuerda que “la corrupción acompaña al poder”, una idea que sirve como marco para interpretar la evolución histórica de la política hidráulica a nivel estatal. En esa lectura, las decisiones sobre embalses, concesiones y caudales no serían ajenas a relaciones de influencia y a inercias institucionales difíciles de revertir.

Su denuncia también se apoya en episodios recientes que han generado controversia social, como la gestión de determinados embalses en contextos de precios elevados de la electricidad, en casos Casos como el vaciado acelerado del embalse de Ricobayo, en Zamora, en pleno verano de 2021, o las oscilaciones bruscas de caudal en instalaciones del Duero y el Tajo, que han sido señalados como ejemplos de una gestión orientada a maximizar beneficios en el mercado eléctrico más que a garantizar el equilibrio ambiental o el uso social del agua.

Aretxabala recuerda que estos y otros episodios han provocado investigaciones y reproches institucionales, pero en su mayoría no llegaron a derivar en sanciones contundentes. En paralelo, organizaciones ecologistas y plataformas locales han denunciado impactos sobre ecosistemas, turismo y abastecimiento, subrayando la falta de mecanismos de control efectivos. En este contexto, para el geólogo, se consolida la percepción de que existen amplios márgenes de actuación para las compañías concesionarias, que operan en un marco regulatorio lo suficientemente laxo como para priorizar su rentabilidad, incluso cuando ello entra en tensión con el interés colectivo y la gestión sostenible del recurso.

Para el geólogo, en última instancia, el debate trasciende la cuestión energética. Se trata de definir quién controla el agua, en qué condiciones y con qué mecanismos de rendición de cuentas. Por eso considera que mientras no se refuercen la supervisión pública y la transparencia persistirá un modelo que combina rentabilidad privada con elevados costes territoriales y sociales.