15 plataformas y colectivos sociales de Euskadi denuncian la "prepotencia" y "precipitación" del Gobierno vasco en la tramitación de proyectos de energías renovables
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| El Plan Territorial de Energías Renovables de Euskadi ha generado un amplio rechazo social / Wikimedia Commons |
25.12.2023
Makatzak Arratia, Interkonexio elektrikorik Ez, Enkarterrin Makroeolikorik Ez, Oletan ere ez!, Sañu Bizirik!, Andatza Ezkeltzu Bizirik, Mendietan Eolikorik EZ-Barakaldo, Aiaraldeko Mendiak Bizirik, Araba Bizirik, Larramendiko arnasa, Arabako Mendiak Aske, Karakate bizirik, Haizeak Bizirik (Bortziri-Malerreka), Meaka-Irimo herri plataformak y Aramaixo Bizirik muestran su rechazo al Plan Territorial de Energías Renovables desarrollado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y califican de "errónea" su estrategia ante la inminente cita electoral por el rechazo social suscitado por el documento.
Según informan las entidades en un comunicado, tras haber tenido acceso el pasado 11 de diciembre al "Informe de respuesta a las alegaciones e informes presentados durante el trámite de información pública del Plan Territorial de Energías Renovables de Euskadi" (PTS EERR) publicado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco el Ejecutivo de Urkullu "solo evidencia su prepotencia y su errónea estrategia" en una "precipitada carrera" por imponer el modelo de Renovable Eléctrica Industrial (REI) al pretender cerrar la tramitación del plan de renovables "a escasos meses del cierre de la legislatura".
Para los colectivos los argumentos aportados por el Ejecutivo autonómico son "peregrinos" y "endebles" y manipulan los datos y el amplio rechazo social que ha suscitado el documento adoleciendo en su conjunto "de una caprichosa e interesada interpretación del ordenamiento jurídico" subordinando este a los intereses políticos del PNV y modificando normas ambientales y de defensa del patrimonio natural, el paisaje o planes sectoriales como el agroforestal que suponen un obstáculo legal para su puesta en marcha en lo que supone "un corsé muy flexible y beneficioso para las empresas y absolutamente rígido y pernicioso para la ciudadanía y el medio ambiente", razón por la que anuncian que esta actuación del Gobierno vasco refuerza la motivación de plantaformas y colectivos sociales para actuar por todas las vías a su alcance "desde la acción social a la judicial".