Alertan en Science del uso de supuestos proyectos de investigación, autorizados por gobiernos del PP, como pretexto para capturar aves cantoras en Madrid y Andalucía
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| La comunidad científica alerta acerca de la utilización de aves cantoras como el jilguero europeo (Carduelis carduelis) en supuestos proyectos de investigación autorizados en Madrid y Andalucía / AB Nature Stock |
7.3.2026
Una carta publicada en la renombrada publicación internacional ha encendido el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en las comunidades presididas por el Partido Popular. En este sentido, más de una veintena de investigadores e investigadoras de centros como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), universidades y organizaciones conservacionistas han alertado de que la ciencia estaría siendo utilizada como pretexto legal para permitir la captura de aves cantoras -como jilgueros, pardillos o verderones- en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía.
Los científicos denuncian que ambas regiones han autorizado centenares de permisos de captura bajo la figura de "proyectos científicos" o de "anillamiento", pese a que la captura de estas aves está prohibida por la normativa europea salvo en circunstancias muy estrictas que estén plenamente justificadas.
La polémica adquiere además una dimensión política pues tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía están gobernadas por el Partido Popular (PP), cuyos ejecutivos han respaldado estos programas que, según los investigadores, buscan evaluar si las poblaciones de fringílidos podrían soportar un futuro aprovechamiento cinegético ligado al silvestrismo, una polémica práctica de captura de aves para su adiestramiento en concursos de canto.
UNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA NORMATIVA EUROPEA
La Directiva de Aves de la Unión Europea, aprobada en 2009, prohíbe la captura y tenencia de aves silvestres salvo en casos muy concretos de investigación científica. Sin embargo, según recuerdan los firmantes de la carta, entre 2013 y 2018 se capturaron en España alrededor de 1,7 millones de aves mediante permisos concedidos por gobiernos autonómicos.
Tras años de conflictos con la Comisión Europea, esas autorizaciones fueron finalmente suspendidas en 2018. No obstante, la captura habría reaparecido ahora bajo la etiqueta de investigación científica.
En Madrid y Andalucía, las administraciones regionales han permitido desde 2018 y 2024 respectivamente la participación de cientos de aficionados en supuestos proyectos científicos como “científicos ciudadanos”, lo que en la práctica permite capturar aves incluso en espacios protegidos.
FALTA DE CONTROLES CIENTÍFICOS Y CONFLICTO DE INTERESES
El núcleo de la denuncia científica es que estos proyectos no cumplen los estándares básicos de investigación. Según los firmantes de la carta, las capturas se realizan con métodos prohibidos por la legislación europea, como el uso de reclamos vivos en jaulas o trampas de red.
Además, los investigadores critican que los proyectos carecen de transparencia metodológica, supervisión independiente y publicación abierta de datos, requisitos fundamentales para que una investigación sea reproducible y fiable.
En algunos casos, también se ha señalado la existencia de posibles conflictos de intereses por parte de responsables de estudios vinculados al mundo del silvestrismo o de asociaciones de cazadores.
PRESIÓN DEL SECTOR DEL SILVESTRISMO
El trasfondo de esta controversia está en el intento de parte del sector cinegético de recuperar el silvestrismo, una tradición que consiste en capturar aves silvestres para entrenar su canto y competir en concursos.
Tras la prohibición europea, diferentes asociaciones han presionado para demostrar que las poblaciones de estas especies podrían soportar una captura “sostenible”. Los investigadores que firman la carta consideran que los proyectos autorizados por Madrid y Andalucía responden a ese objetivo.
ADVERTENCIA SOBRE EL IMPACTO EN LA CIENCIA Y LA CONSERVACIÓN
Más allá del impacto directo sobre las aves, los científicos advierten de un problema mayor: la instrumentalización de la ciencia para justificar decisiones políticas o prácticas recreativas.
Según los autores de la carta publicada en Science, utilizar el lenguaje científico para legitimar capturas sin rigor metodológico no solo pone en riesgo a las poblaciones de aves, sino que también erosiona la confianza pública en la ciencia y dificulta el cumplimiento de la legislación ambiental europea.
Por ello, reclaman que cualquier proyecto que implique la captura de fauna silvestre se realice únicamente por personal cualificado, con supervisión ética y dentro de programas oficiales de investigación y anillamiento.
La carta la firman, entre otras, científicas y científicos del CSIC y de centros de investigación como la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, la Estación Experimental de Zonas Áridas y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Ciències Naturals de barcelona y universidades somo las de Huelva y Sevilla.