El rostro infame de la descarbonización: la minería industrial de cobalto y cobre para baterías recargables está provocando graves abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo

Una vecina muestra una grieta en una vivienda provocada por la actividad minera a gran escala / Amnistía Internacional

21.9.2023

Amnistía Internacional denuncia que diversos proyectos extractivos en el país han dado lugar al desalojo forzoso "de comunidades enteras" y múltiples actos de violencia, incluídas agresiones sexuales, palizas e incendios.

En un informe titulado "Powering change or business as usual", la ONG junto con la organización local Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains, IBGDH), exponen cómo la pugna de empresas multinacionales por ampliar las actividades mineras ha dado lugar a la expulsión de comunidades de sus viviendas y tierras de cultivo.

“Los desalojos forzosos que tienen lugar cuando las empresas tratan de ampliar proyectos de extracción de cobre y cobalto a escala industrial están destrozando vidas y deben cesar ya”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Vivienda arrasada para ampliar una explotación minera en la RDC / Amnistía Internacional

Amnistía Internacional reconoce que si bien las baterías recargables desempeñan una función decisiva en el proceso de transición energética la justicia climática exige que esta transición sea justa pues "la descarbonización de la economía mundial no debe dar lugar a otras violaciones de derechos humanos".

El aumento de la demanda de las mal denominadas "energías limpias" ha multiplicado la demanda de ciertos metales como el cobre y el cobalto, que son indispensables para fabricar la mayoría de las baterías que usan el coche eléctrico y otros dispositivos. A modo de ejemplo, se espera que la demanda de cobalto se triplique en 2025, el triple que en 2010.

República Democrática del Congo (RDC) alberga la mayor reserva mundial de cobalto y es el séptimo país en reservas de cobre, lo que ha provocado un serio conflicto a nivel estatal. Donat Kambola, presidente de la IBGDH, ha afirmado: “Desalojan por la fuerza a la gente, o la amenazan o intimidan para que abandone sus viviendas, o la engañan engaña para que dé su consentimiento a acuerdos irrisorios. Con frecuencia no había mecanismos para la presentación de quejas, la rendición de cuentas o el acceso a la justicia”.

Para elaborar el documento Amnistía Internacional y la IBGDH entrevistaron a más de 130 personas en seis proyectos mineros distintos en la ciudad de Kolwezi y sus alrededores, en la provincia meridional de Lualaba, durante dos visitas efectuadas en 2022.

“Hemos encontrado reiteradas vulneraciones de salvaguardias jurídicas prescritas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional, así como un flagrante desprecio de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, han afirmado Candy Ofime y Jean-Mobert Senga, investigadores de Amnistía Internacional y coautores del informe.