El Consello da Cultura Galega presenta un demoledor informe para Xunta y patronal que demuestra la falta de control administrativo y el nulo respeto al patrimonio cultural en la instalación de parques eólicos en Galicia

Para el CCG en el desarrollo eólico la Administración debe actuar de oficio para detectar, y en su caso catalogar, los distintos elementos representativos del patrimonio natural y cultural / Richard Pantling

6.8.2023

A partir de una solicitud realizada por distintas asociaciones y colectivos vecinales el pasado 12 de abril sobre la potencial afección al patrimonio del proyecto de Norvento en el parque eólico Acibal (Moraña, Pontevedra), el organismo constata que no se llegó a hacer una identificación previa, como hubiera sido preceptivo, del patrimonio cultural, arqueológico ni inmaterial y que, cuando se hizo en el transcurso de las obras, todo indica "que se gestionaron los elementos como bienes aislados del paisaje, del medio ambiente y del medio social".

Para el Consello da Cultura Galega (CCG) "la primera y principal conclusión" del análisis del proceso de tramitación del parque eólico Acibal se refiere a la insuficiencia tanto del reconocimiento de los elementos patrimoniales naturales y culturales, así como de las medidas de protección del paisaje.

El organismo explica en su informa que la Xunta no le permitió el acceso al expediente del proyecto por lo que no pudo verificar la existencia de carencias en la documentación o si la promotora llegó a plantear las medidas correctoras necesarias.

El CCG recuerda que como ya había señalado en un informe sobre la energía eólica en Galicia publicado en 2021, en el desarrollo eólico urge la actuación de la Administración a la hora de realizar el inventario y protección de los valores naturales de Galicia, algo que no sucedió en el caso del parque eólico Acibal, pues aunque en el proyecto se identificó como zona húmeda las Brañas de Amil, no llegó a realizarse su inclusión en el Inventario de Zonas Húmedas de Galicia, algo que tendría que haberse realizado de oficio por la persona titular de la Dirección xeral con competencias en materia de la Rede Galega de Espazos Protexidos.

Tal proceder, para el CCG, es extensible a la caracterización y salvaguarda del patrimonio cultural pues si las prospecciones no son intensivas, si no se revisan y completan en los casos en que entre la fase de evaluación y la de ejecución del proyecto transcurre un período de tiempo prolongado, o si las prospecciones se realizan con el terreno en un estado en el que el registro arqueológico está invisibilizado por la cobertura de los suelos y la vegetación tupida, tales carencias dejan desprotegidos elementos patrimoniales de tipo arqueológico.

Según indica el CCG una vez terminada la fase de evaluación, la identificación del patrimonio arqueológico recae en un programa de seguimiento y control, que en el caso del parque eólico Acibal "no fue capaz de localizar los grabados conservados en el área afectada" y "no se hizo a tiempo para evitar los daños". Por eso considera indispensable que "las evaluaciones de impacto arqueológico sean acompañadas de un seguimiento arqueológico en fase de obra".

El organismo concluye que en el proyecto eólico Acibal "no se llegó a realizar una identificación previa a la ejecución del patrimonio cultural, ni del arqueológico ni de el inmaterial, y cuando se hizo en el transcurso de las obras, todo indica que se gestionaron los elementos como bienes aislados del paisaje, del medio ambiente y del medio social".

LA XUNTA DEJÓ AL MARGEN DEL PROYECTO LAS APORTACIONES E INTERESES DE LA POBLACIÓN LOCAL

El Consello da Cultura Galega recuerda además que la movilización social de las comunidades de la zona afectada por el parque eólico Acibal fue acompañada de un gran esfuerzo para documentar el patrimonio natural y cultural afectado por el proyecto "con el objetivo de poner a disposición de los órganos de la Administración responsables la información sobre nuevos hallazgos" recurriendo incluso a la colaboración voluntaria de expertos. Sin embargo, este hecho no ha tenido reflejo por parte de la Administración, que ni siquiera le ha reconocido a las comunidades afectadas "derecho a ser parte en las decisiones que afectan a los territorios en los que viven", no existiendo transparencia en la toma de decisiones y no facilitándoles una información "directa, completa, clara y accesible", obviando de este modo la Agenda del Consejo de Europa sobre Gobernanza Participativa en el Patrimonio Cultural. Para el organismo es fundamental en este sentido contar con las comunidades locales por su conocimiento del territorio "sin negarles el derecho a ser parte de las decisiones que afectan a su relación con el territorio que habitan".