Denuncian ante la Fiscalía la proliferación incontrolada de proyectos fotovoltaicos en el Campo de Gibraltar

Paneles solares fotovoltaicos / Archivo 

13/8/2021

AGADEN-Ecologistas en Acción pone en conocimiento de Ministerio Público la grave situación que atraviesa la comarca ante la falta de ordenación del territorio en una serie de macroproyectos que afectan a los términos municipales de Jimena de la Frontera, Tesorillo, Castellar y San Roque.

Según informa la organización en un comunicado el desarrollo incontrolado de renovables en Andalucía se ha traducido en los últimos años  en la proliferación de este tipo de planes industriales como la fotovoltaica o la eólica en suelo no urbanizable, lo que implica la realización de una serie de infraestructuras complementarias como accesos, desbroces, nivelaciones, explanaciones, arcelaciones, cimentaciones, construcciones de obra civil, acometidas de energía, equipamientos, cerramientos, iluminación y otros, que por sus características intrínsecas son algo que resulta "totalmente impropio" teniendo en cuenta la calificación del suelo.

La selección de su emplazamiento por parte de las entidades promotoras en esta categoría de suelo se ha centrado, al amparo de la normativa actual y por evidentes motivos económicos, en terrenos forestales, naturales, seminaturales o “incultos” del ámbito rural o natural, y su ejecución, en función de sus características y dimensiones, ha provocado la pérdida o alteración de la cubierta vegetal natural sobre miles de hectáreas, cubierta vegetal que además de albergar los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario (HIC) de la región biogeográfica mediterránea incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, muchos de ellos de carácter prioritario, y especies de flora y fauna silvestre únicas en el continente europeo, que desempeñan un papel fundamental en la lucha frente al cambio climático, por constituirse en depósito natural de carbono, sumidero de CO2, protectora del suelo, reguladora del régimen hídrico, fuente de oxígeno y de biodiversidad, y ha afectado negativamente a las estrategias de lucha frente al cambio climático que pretendía combatir, transformando amplias zonas del medio rural o natural de Andalucía en un vasto polígono industrial en situación de “fuera de ordenación”, lo que constituye un despropósito urbanístico y ambiental de proporciones colosales, que no puede justificarse en modo alguno bajo el pretexto de la transición energética, proceso que por su entidad y alcance debe abordarse de manera ordenada y debidamente planificada.

La superficie de terrenos forestales, naturales, seminaturales o “incultos” del ámbito rural o natural que ha sido alterada para este fin en Andalucía desde el año 2007 no ha sido publicada oficialmente, si bien la entidad estima que supone miles de hectáreas.

AGADEN-Ecologistas en Acción considera probado que la aplicación de la Ley 2/2007, de de 27 de marzo, de fomento de la energías renovables de Andalucía, ha supuesto la degradación del “estado de conservación favorable” de los hábitats y de las especies de interés comunitario, según la definición de conceptos establecida en el artículo 3 punto 15 y 16 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y ha afectado de forma directa, de manera crítica e irreversible, a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de Andalucía.

Por este motivo, el colectivo ambientalista ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar a fin de determinar si los macroproyectos de energía renovable planteados "son compatibles con la adecuada ordenación del territorio". Por otra parte ha solicitado que se inste al los ayuntamientos de Jimena de la Frontera, Tesorillo, Castellar y San Roque "a asumir su responsabilidad de proteger el interés general por encima de los grandes fondos de inversión" solicitándole la suspensión por un año de las aprobaciones y los otorgamientos de licencias a la instalación de proyectos fotovoltaicos, medida contemplada además en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Finalmente, el grupo ecologista considera que si bien es necesario promocionar las energías renovables dentro del proceso de transición energética, es preceptivo que su implantación sea compatible con la preservación del medio natural y los espacios protegidos, estableciendo zonas adecuadas para esta actividad pero no entornos sensibles a nivel ambiental.