El Gobierno asturiano autoriza un parque de baterías de almacenamiento en Avilés desoyendo las alegaciones sobre el riesgo de instalarlo al lado de una gasolinera
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| Pancarta contra los parques de baterías en Asturias / Creative Commons |
22.5.2026
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, da luz verde a un proyecto que contempla ocho contenedores de baterías con 10,8 megavatios de potencia de acceso y conexión. La instalación se prevé en una nave del polígono de Las Arobias, en la esquina de Marqués de Teverga con la calle El Torno.
Desde el Colectivo Ecologista de Avilés se ha criticado con dureza que el Ejecutivo autonómico no haya atendido las alegaciones presentadas, denunciando que el emplazamiento "es un riesgo" porque el parque de baterías quedaría "pared con pared" con una gasolinera, una proximidad que, a su juicio, supone una amenaza "desproporcionada" para la población en un radio de 500 metros.
La organización ecologista advierte además de los riesgos asociados a este tipo de infraestructuras en caso de fuga térmica o incendio, al considerar que pueden tener "consecuencias irreversibles" para el entorno y para la salud humana. En ese sentido, sostiene que no deberían ubicarse cerca de núcleos de población, espacios de interés ambiental o zonas protegidas.
LOS PELIGROS OCULTOS DE LOS PARQUES DE BATERÍAS
Los parques de baterías de almacenamiento (BESS) concentran sus principales riesgos en torno al fenómeno de la "fuga térmica": si una batería se calienta en exceso, puede desencadenarse una reacción en cadena que derive en incendios o explosiones. El peligro se multiplica a escala industrial, donde el fallo de una sola célula puede propagarse a cientos de celdas vecinas, y los bomberos carecen de procedimientos estándar para afrontar estos incendios, ya que no existe forma de cortar el suministro del gas combustible que se genera. Si el fuego llega a producirse, los humos tóxicos pueden persistir durante horas o días, y los restos incluyen sustancias corrosivas y peligrosas difíciles de gestionar.
A los riesgos técnicos se suma un creciente conflicto social. En España, miles de alegaciones han sido presentadas contra este tipo de proyectos, cuestionando su ubicación y los posibles riesgos para la salud y el entorno y criticando la falta de participación ciudadana real en la toma de decisiones.