La Justicia fuerza a Airbnb a abonar 64 millones de euros de multa y refuerza el control sobre el alquiler turístico en España
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| El Ministerio de Consumo ha detectado más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales en la plataforma Airbnb / Rachel Claire |
23.3.2026
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb y obliga a la compañía a pagar de forma inmediata más de 64 millones de euros correspondientes a la sanción impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.
La resolución no entra aún en el fondo del litigio pero impide a la plataforma aplazar el pago de la multa mientras continúa el proceso judicial lo que supone un revés para la estrategia legal de la empresa que todavía puede presentar recurso ante el mismo tribunal
La sanción asciende a 64.055.311 euros y se basa en la detección de más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa vigente según el Ministerio de Consumo entre las irregularidades detectadas figuran la ausencia de licencias obligatorias el uso de números de registro falsos o incorrectos y la falta de información clara sobre si los anunciantes actuaban como particulares o profesionales
Estas prácticas han sido calificadas como desleales y engañosas y la cuantía de la multa se ha calculado en función del beneficio ilícito obtenido al que se le ha aplicado un multiplicador sancionador además el expediente incluye otras infracciones menores como la obstrucción a la labor inspectora
El caso se enmarca en el endurecimiento de la regulación sobre el alquiler turístico en España donde el Gobierno busca limitar el impacto de este tipo de actividad en el acceso a la vivienda en este contexto el Ministerio ya logró la retirada de decenas de miles de anuncios irregulares de la plataforma durante el pasado año
Desde el Ejecutivo el ministro Pablo Bustinduy ha defendido la decisión judicial como un mensaje claro de que las grandes plataformas digitales deben cumplir las normas mientras que Airbnb sostiene que ha actuado conforme a la legalidad y continuará recurriendo la sanción al considerar que vulnera el marco normativo español y europeo
La decisión judicial refuerza la capacidad de las administraciones para exigir responsabilidades a las plataformas digitales en relación con los contenidos que alojan y marca un precedente relevante en la supervisión del mercado del alquiler turístico en España en un momento de creciente tensión por la vivienda.