JJpD denuncia el "desmantelamiento" de la sección del TSXG que resuelve los litigios sobre parques eólicos y advierte de que podría vulnerar la independencia judicial y responder a "presiones políticas y empresariales"
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| Sede del TSXG / Wikimedia Commons |
26.3.2026
Juezas y Jueces para la Democracia ha hecho pública su "profunda preocupación" ante lo que califica como una maniobra de "desmantelamiento" de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Según la asociación, los recientes traslados forzosos de magistrados en esta sección -encargada de asuntos de alta sensibilidad como la autorización de parques eólicos y concesiones hospitalarias- ponen en riesgo las garantías constitucionales de inamovilidad e independencia judicial.
El conflicto se originó apenas seis días después de que la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio tomara posesión de su cargo el pasado 6 de marzo. Mediante unos acuerdos datados el 12 de marzo, se ordenó el traslado de la mitad de los integrantes de la Sección Tercera hacia otras áreas, una medida que JJpD tilda de "sorpresiva" y que no figuraba en el programa de gobierno presentado ante el Consejo General del Poder Judicial.
UN TRASLADO "INUSUAL" Y SIN CONSULTA
Desde JJpD denuncian que la forma en que se han ejecutado estos movimientos rompe con la práctica habitual de la carrera judicial, donde los cambios suelen ser voluntarios o consultados. En este caso, aseguran, la decisión fue adoptada "sin audiencia previa ni consultas informales ni a las personas afectadas ni a los presidentes de las respectivas secciones".
El comunicado subraya la falta de experiencia de los nuevos magistrados asignados en las materias específicas de la sección, lo que "ocasionará una evidente disfuncionalidad". Para la asociación, las razones organizativas esgrimidas por la presidencia ocultan una realidad más preocupante: un posible intento de alterar los criterios jurisdiccionales en temas clave.
SOSPECHAS DE INJERENCIA EXTERNA
La Sección Tercera ha estado bajo el foco público en los últimos años por sus resoluciones sobre la suspensión de parques eólicos en Galicia, recibiendo críticas frontales de sectores políticos y empresariales. JJpD vincula directamente este contexto con la remodelación del tribunal: "No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSJ de Galicia que conoce de los litigios sobre los parques eólicos", afirma la organización.
La asociación va más allá y alerta de que este movimiento proyecta una imagen dañina para la justicia gallega, sugiriendo que "el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados".
El artículo 117.1 de la Constitución, que garantiza que los jueces no pueden ser trasladados sino por las causas previstas en la ley, es el eje del malestar asociativo. JJpD sostiene que el uso de facultades gubernativas para forzar estos cambios podría ser una forma de "intimidación".
"El traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección 3ª puede poner en riesgo la garantía de inamovilidad judicial, al ser apartados de los asuntos de los que están conociendo", advierte el comunicado de la organización.
Finalmente, la organización ha reclamado a los órganos gubernativos del Poder Judicial un ejercicio "cuidadoso y prudente" de sus facultades y ha manifestado su apoyo incondicional a los magistrados afectados, quienes, recuerdan, han desempeñado su labor en un contexto de "reiteradas presiones" y circunstancias especialmente complicadas.