La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas rechaza los planteamientos del decreto de la eólica marina impulsado por el MITECO y reclama una evaluación científica previa e independiente a la instalación de proyectos offshore
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| La plataforma reclama un decreto de eólica marina pensado en el interés general y no en el negocio particular de las grandes energéticas / Jon Lavis (Wikimedia Commons) |
3.4.2024
El colectivo remite, "con ánimo constructivo" y persiguiendo la vía de un "diálogo abierto" con el departamento de la ministra Teresa Ribera, una batería de alegaciones a la tramitación del proyecto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, desde un enfoque "pensado en el interés general" y no en los intereses particulares de las grandes energéticas.
En primer lugar, la plataforma recuerda a los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica que "el diálogo público-privado" no debe ser una opción sino una obligación que permita un marco de interacción entre todos los sectores afectados e involucrados pues dado que "la pesca no es compatible con la instalación de polígonos de eólica marina" es indispensable valorar su es posible la coexistencia.
Por este motivo, el colectivo considera que "antes de diseñar zonas para subastar se debe contar con todos los informes científicos sobre impactos en los ecosistemas marinos e impactos en la pesca en esas posibles zonas" pues mientras no se analice este particular no es viable que se diseñen zonas para subastar.
Por otra parte, en la ponderación de las puntuaciones, la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos reclama el que sea prioritario el aspecto socioeconómico y medioambiental al considerar que la propuesta del 70% de ponderación a favor del interés económico de las grandes empresas es contraria a la prioridad que valoran se le debe dar a la protección del medio marino y el sector pesquero.
Además, valoran que "dada la necesidad de contar con la mejor información científica en las comisiones de valoración y en la emisión de informes vinculantes debe tener un protagonismo esencial el Instituto Español de Oceanografía" con el objetivo de "preservar y garantizar la mejor protección del medio marino con los mejores especialistas con los que cuenta la Administración del Estado".
Finalmente y "dadas las grandes incertidumbres" sobre cómo puede afectar la eólica marina a los ecosistemas consideran necesario que las concesiones tengan una duración máxima de 25 años frente a los 30 propuestos solicitando, en esta línea, que los trámites de evaluación ambiental sean independientes de otras fases del procedimiento administrativo y cuenten con un mínimo de 45 días de período de exposición pública y no los 30 señalados en el decreto para el estudio de la documentación correspondiente.