La implantación de la eólica marina a gran escala pone en riesgo a miles de familias que en Canarias dependen de la pesca tradicional como medio de subsistencia

Miles de familias dependen en el archipiélago canario del recurso pesquero / Gobierno de Canarias

8.11.2023

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, que han interpuesto junto a la Plataforma para la defensa de la pesca y los ecosistemas marinos una demanda ante el Tribunal Supremo para la anulación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), explica que la oposición del sector no debe ser entendida como un rechazo a las energías renovables ni al proceso de descarbonización, sino un movimiento de repulsa contra que su implantación se realice a cualquier precio y sacrificando puestos del trabajo en el sector pesquero de los que dependen muchas comunidades pesqueras del archipiélago.

En declaraciones a prensa local Víctor Juan Díaz, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de Tenerife, ha alertado de los riesgos que comporta la instalación de proyectos de eólica marina, que en la zona "podrían causar un daño irreparable" denunciando que no solo afectará al sector pesquero y a sus profesionales, sino que será perjudicial para la fauna marina y las aves que conviven en el entorno.

UN SECTOR UNIDO FRENTE A LA IRRACIONALIDAD Y LA IMPOSICIÓN DE UN MITECO QUE IGNORA LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

Canarias se une de esta forma a las demandas de los profesionales del mar en otras zonas como el Cantábrico y el Mediterráneo, que han fundamentado su lucha contra la imposición del MITECO en un detallado informe técnico del Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña, donde algunos de los mejores expertos estatales en materia de gestión y ordenación del litoral han detectado numerosas irregularidades en el decreto de aprobación de los POEM.

Así, los especialistas consideran en su informe que conceptos como el del principio de precaución, el principio de legalidad, el principio de transparencia o la prohibición de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos se ven directamente afectados tras la aprobación de los POEM tal como han sido definidos. Además, la solicitud judicial también ha puesto de manifiesto la vulneración constitucional de los planes aprobados, pues el artículo 130.1 de la Constitución española vigente obliga a los poderes públicos a prestar una especial atención al desarrollo de la pesca junto a otros sectores sensibles.

Durante la presentación del documento a finales de septiembre, los expertos alertaron que la ordenación del espacio marítimo llevada a cabo por el equipo de la ministra Teresa Ribera "tiene un sesgo claro contra el sector pesquero y muy favorable para la implantación de la eólica marina", recordando que "hay argumentos suficientes para poner en discusión el Real Decreto Aprobado" como demuestra el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que ha puesto de relieve que se está intentando implantar la eólica offshore "sin tener en cuenta sus evidentes impactos" en los ecosistemas marinos ni el sector pesquero, por lo que, como mínimo, sería necesario poner en cuarentena la norma y declarar una moratoria hasta que no se evalúen suficientemente efectos y consecuencias de la implementación de estas tecnologías energéticas en este ámbito.