Un experto denuncia que la "seguridad jurídica" que la patronal demanda para los parques eólicos en Galicia supone en realidad la falta de garantías para el medio ambiente y la ciudadanía
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| El proceso de implantación de la energía eólica ha creado un conflicto social y ambiental sin precedentes en Galicia / rebeldes.info |
9.8.2023
El biólogo, con una larga trayectoria en el ámbito de la conservación y especialista en contaminación atmosférica, critica en una pieza publicada en Mundiario la actitud de la patronal eólica y quienes la respaldan en su ánimo de "defender ilegalidades", intentar "silenciar" a la ciudadanía y fomentar procesos "nada transparentes".
Para el científico, la reacción desmedida de entidades como la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Confederación de Empresarios de Galicia, las áreas de Industria autonómicas de CCOO y UGT o incluso altos cargos del PP en la Xunta de Galicia tiene más que ver con la demagogia que con la realidad al actuar de una forma "falsa" y "torticera", argumentando motivos que disfrazan de conceptos como cambio climático, transición energética, puestos de trabajo o "oportunidad histórica" y acusando sin medida a aquellos jueces que han emitido dictámenes contrarios a sus intereses.
Para Díaz, sin embargo, lo que realmente defienden la patronal y sus organizaciones satélites es, por una parte, que se permita infringir la actual legislación europea pero también que se salte la ley permitiendo la fragmentación "artificiosa" de proyectos, que se autoricen parques o repotenciaciones de proyectos con declaraciones de impacto ambiental obsoletas o se pase, sin miramientos, por encima de la voluntad de la población.
La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), también ha tachado recientemente de "lamentable espectáculo" y "campaña de difamación", el comportamiento de la patronal eólica en Galicia, como una norma general de actuación permitida y fomentada por el actual Ejecutivo de Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia "es el fraccionamiento fraudulento" con el objetivo de "evitar un procedimiento de impacto ambiental más riguroso y eficiente" por parte de la Administración a nivel estatal.
Por este motivo ACOUGA califica la campaña desarrollada desde el ámbito empresarial eólico como "un fraude ruin que ataca los valores democráticos de la sociedad y que está basada en mentiras, en desinformación y postulados dictatoriales que solo buscan crear una corriente de opinión para intentar apremiar sin escrúpulos solo a favor de sus intereses", reiterando su consideración a las decisiones del Poder Judicial e instando a patronal y entidades afines y al propio Gobierno de la Xunta que actúen con responsabilidad y respeto hacia las mismas.