Califican de "indecentes y antidemocráticas" las maniobras mediáticas de la patronal eólica, la Federación de Industria de CCOO Galicia y altos cargos del PP para presionar a los jueces que emiten sentencias contrarias a sus intereses

ADEGA considera al actual Ejecutivo del PP en la Xunta como responsable último del conflicto eólico existente en Galicia / José Alba

15.7.2023

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) manifiesta su "estupor" por las acusaciones públicas que estos actores han vertido contra la independencia judicial y, en concreto, contra los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Superior Xustiza de Galicia (TSXG) que fallaron las sentencias anulatorias de los proyectos eólicos Campelo y Bustelo, recurridos por la entidad, o la paralización cautelar del proyecto Monte Toural, entre otros.

Para el colectivo, que por número de socios es la mayor entidad ecologista existente en territorio gallego, tales declaraciones "son una manifestación más de los abusos y de la política antidemocrática en la que se basa el actual proceso de implantación de la energía eólica en Galicia", una política energética "alineada exclusivamente" con los intereses privados de las multinacionales del sector eléctrico y que legisla "en contra del interés general", hecho "que se ha manifestado reiteradamente en los últimos años" a través del recorte de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en la opacidad informativa y en la desregulación de las normas que protegen el medio ambiente y el derecho de participación pública.

Para ADEGA, los ataques y descalificaciones vertidas recientemente desde empresas como Greenalia, la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), altos cargos del PP desde la Xunta o incluso por la Federación de Industria de CCOO Galicia "están haciendo un flaco favor a los principios fundamentales de la democracia representativa sobrepasando la línea de respeto a la separación de poderes y a las instituciones porque carecen de cualquier fundamento o prueba y, ni siquiera, entran a rebatir con argumentos jurídicos los contenidos las sentencias del TSXG que han anulado proyectos industriales eólicos que no son conforme a derecho".

Por otra parte -critica ADEGA- tales manifestaciones "tampoco ahorran en descalificativos contra las entidades ecologistas y sociales" que apelan a la legalidad vigente en defensa del medio ambiente y del interés público frente a los abusos de las élites de poder, ejerciendo en la práctica "una función que le es propia a la Administración pública pero que esta abandonó desde hace tiempo". Por eso la entidad ambientalista exige el máximo "respeto por el trabajo y la función que están cumpliendo las organizaciones sociales y sin ánimo de lucro" de Galicia y para todas las plataformas de afectadas y afectados que en los últimos años "han visto avasallados sus derechos respecto a la legalidad vigente".

UNA "INSEGURIDAD JURÍDICA" CREADA POR EL EJECUTIVO DEL PP

ADEGA muestra su sorpresa de que ahora se acuse a los jueces y tribunales de crear inseguridad jurídica cuando precisamente ha sido el Ejecutivo del PP, con sus reformas normativas y nuevas disposiciones legales, el que ha generado el conflicto con el actual modelo de implantación eólica ya que las llamadas "leyes de depredación" de 2017 y 2021 han recortado garantías en la evaluación ambiental y derechos en el ámbito de la participación pública al reducir de manera irregular el período de alegaciones a la mitad o al limitar el acceso a los informes sectoriales.

Además, recuerda el colectivo, el Plan Sectorial Eólico de 1997 que rige actualmente no ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica ni a consulta pública como de manera reiterada han venido denunciando los colectivos sociales, razón por la que "tampoco constituye un instrumento de planificación adecuado para un desarrollo equilibrado y ordenado de la energía eólica, chocando a todas luces con el interés general". Por este motivo, ADEGA y otras organizaciones han reclamado insistentemente una moratoria de los proyectos eólicos en tramitación con el objetivo de poder diseñar de manera participada y democrática una planificación equilibrada del sector que sea "justa y ambientalmente viable". Por otro lado, para ADEGA, "la Xunta tampoco ha cumplido con su obligación legal de ampliar los espacios protegidos de la Red Natura para preservar las zonas de mayor valor ambiental de los impactos de la eólica industrial y garantizar la conectividad ecológica territorial".

Finalmente el grupo ecologista recuerda que no hay que olvidar que algunas de las empresas promotoras eólicas "están recurriendo a la estrategia espuria de la fragmentación artificial de proyectos con la connivencia del Gobierno de la Xunta para escapar al control del Estado o esquivar las garantías de evaluación ambiental tal y como ya han venido sentenciando distintos tribunales de Justicia".

Por todos estos motivos, ADEGA considera que "ni el Ejecutivo gallego ni la patronal eólica tienen razones para patalear contra los recientes fallos judiciales ya que son cómplices y responsables de la situación de incertidumbre por la que actualmente pasa el sector". Además, considera la entidad "tampoco es justo ni decente que ahora traten de cargar sobre las entidades sociales y las instituciones de Justicia los efectos y la responsabilidad de su pésima gestión".