Un informe técnico del Consello da Cultura Galega deja en evidencia el "garantismo" de la polémica conselleira Ángeles Vázquez y su campaña encubierta a favor de los parques eólicos

La conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez en una intervención parlamentaria / Xunta de Galicia

11.1.2022

El organismo consultivo acordó en marzo de 2021 la creación de una comisión especial a la que se encomendó la elaboración del documento con el objetivo de analizar "de forma objetiva, técnica, plural, rigurosa y constructiva" el actual Plan Eólico de Galicia y sus afecciones reales sobre el patrimonio natural y cultural, con el objetivo de intentar minimizar los muchos impactos que se están produciendo en el territorio por este tipo de instalaciones.

En el texto, el Consello da Cultura Galega (CCG) urge a una moratoria a la autorización de parques eólicos y un necesario parón para revisar la normativa de autorización, pues si bien el ente valora positivamente la implantación de la energía renovable para Galicia considera que "la manera en la que se está desarrollando resulta negativa" para ámbitos sociales como el cultural y el económico. Por este motivo el informe pide, primeramente, la revisión del actual Plan Sectorial Eólico de Galicia -vigente desde 1997-, y que este sea sometido a una evaluación ambiental estratégica que tenga en cuenta tanto las Directrices da Paisaxe como la protección de los valores culturales del territorio fijados por la Lei de patrimonio cultural y se atienda además a los valores naturales de los espacios que aún no han sido incorporados en la Red Natura.

El Consello da Cultura Galega considera que la manera en la que se está desarrollando la implantación de parques eólicos en Galicia supone un perjuicio a nivel social, cultural y económico, razón por la que pide una moratoria a su autorización administrativa / Wikipedia 

Para llevar a cabo esa revisión, el informe asegura que urge solicitar una moratoria en la autorización de nuevos proyectos, tanto los que se encuentran ya en trámite como las nuevas solicitudes con el objetivo de corregir errores, sustentando su afirmación en dos principios ambientales que deben de ser señalados como justificación jurídica de esta propuesta, como son el principio de precaución -peligro de daño grave o irreversible sobre los espacios- y el principio de no regresión ambiental, que implica una rebaja de los niveles de protección ambiental existentes.

En la práctica, el documento contradice las afirmaciones de la polémica y muy criticada conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Ángeles Vázquez Mejuto, que afirma que la gestión del Gobierno Feijóo es "garantista" y echa balones fuera culpando al Gobierno central de la avalancha de proyectos eólicos en Galicia.

En contraste, el informe técnico del CCG considera que el actual procedimiento de instalación de parques eólicos en el territorio gallego "supera la capacidad de carga del sistema natural", y que además "rompe con la imagen del paisaje tradicional y con la memoria colectiva de sus habitantes", con perjuicios evidentes a nivel natural, cultural, paisajístico, etnográfico e histórico.

RESPETO A LA RED NATURA

Entre las medidas destacadas que el texto solicita está la necesidad de ampliar y definir con precisión los espacios relativos a la Red Natura 2000, pues a día de hoy solo el 12% del territorio gallego está incluido en esta red ecológica europeo, muy por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 27% del territorio. El informe apunta, por otra parte, que la ampliación de estas zonas está paralizada por el Ejecutivo autonómico del PP desde hace años.

NORMATIVAS QUE CAUSAN CONFLICTO SOCIAL Y ECOLÓGICO

El informe del CCG también se adentra en el origen del conflicto social que está detrás de las actuaciones de la Xunta de Galicia, explicando que el crecimiento actual de peticiones de solicitudes de autorización de parques eólicos se produjo desde 2018 por los cambios de ámbito regulatorio favorecidos por el Partido Popular. El primero fue la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, que apuntó a la liberalización del sistema "al eliminar cualquier traza de competitividad entre promotores", una ley que "hizo que se esfumaran los criterios sociales y económicos como determinantes para la decisión de a quien asignar nueva potencia", diseñándose así "un mecanismo liberalizador" que garantizaba el inicio del procedimiento administrativo de admisión y autorización "sin necesidad de ofrecer ninguna partida socioeconómica a la sociedad gallega".

El segundo fue la Ley 9/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que estableció la excepción a las áreas incluidas no en el Plan Sectorial Eólico. Esto implicó, según el informe, "que desde este momento todas las tierras rústicas de Galicia sobre las que no exista figura de protección ambiental podrán albergar parques eólicos", algo que el texto del CCG considera que "solo tuvo en cuenta la idoneidad de las localizaciones desde el punto de vista eólico y no las de carácter paisajístico ni los valores relacionados con el patrimonio cultural y natural". Por estos motivos -señala el documento- "no adapta las directivas europeas de impacto ambiental" y, además, "elimina el informe preceptivo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural" en un contexto en el que "una gran cantidad del patrimonio cultural del país está en suelo rústico, permanece oculto y por tanto, no está incorporado en ninguno de los inventarios o instrumentos de protección que reconoce la Lei de patrimonio y, al no existir informe específico, corre riesgo de desaparición".

EXIGENCIA DE RECTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO EÓLICO DEL PP

Desde la esfera política Anova ha denunciado que el documento hecho público por el Consello da Cultura Galega "deja al desnudo" de un modo "demoledor" la desprotección del paisaje, del patrimonio y de la biodiversidad que las medidas sobre el sector eólico del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo están provocando sobre el territorio y sus gentes.

El portavoz nacional de Anova Antón Sánchez considera que "Feijóo tiene que salir a dar explicaciones" ante el "demoledor" informe del Consello da Cultura Galega.

La formación coincide plenamente con las afirmaciones del informe en unos hechos que lleva denunciando desde hace años
pues el Plan Sectorial Eólico de 1997, modificado por última vez en 2002, "está obsoleto y no ha pasado por una evaluación ambiental estratégica que evaluase el efecto conjunto del despliegue de parques eólicos previsto". Por eso, concuerdan en la urgencia de la necesidad de paralizar la instalación de nuevos proyectos eólicos mientras no se revise la planificación actual.

"Ante el informe del Consello da Cultura Galega Feijóo tiene que salir a dar explicaciones, pues las conclusiones están llenas de sentido común y coinciden con lo que venimos reclamando desde hace años y son un mínimo imprescindible para una política sostenible" -ha declarado el Portavoz de Anova Antón Sánchez-.

Anova considera que el texto también coincide con otra reivindicación histórica que es la previa ampliación del ámbito de la Red Natura, paralizada para defender los intereses del oligopolio que controla el negocio eólico "para que no se vaya a una política de hechos consumados de ocupación de hábitats que deberían estar protegidos". "Lo que debería de ruborizar al Gobierno gallego es que el informe advierte contra la práctica fraudulenta de la fragmentación de parques para evitar exigencias ambiental" -señala el grupo político-.

"Un nuevo Plan eólico adaptado a estos tiempos, su evaluación ambiental estratégica, una verdadera participación pública o la ampliación previa de la Red Natura son reivindicaciones que se han venido realizando en los últimos años para evitar la depredación del territorio" -ha concluído Antón Sánchez-.