Colectivos cántabros en defensa del territorio celebran la paralización cautelar del parque eólico El Escudo y exigen responsabilidades por el daño ambiental causado

Obras paralizadas a Iberdrola en el puerto de El Escudo / Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio

7.4.2026

Entidades vecinales han celebrado el cese de las obras del proyecto de Iberdrola, confirmado tras la intervención de la Guardia Civil el pasado 24 de marzo.

Según han informado los colectivos, vecinos de las localidades cercanas alertaron de la presencia de agentes en la zona de obras, donde se habría ordenado el cese inmediato de los trabajos. En los días posteriores, aseguran, se ha podido constatar que la paralización se mantiene en todo el trazado del proyecto.

Aunque no existe aún una confirmación oficial sobre los motivos de esta decisión, los colectivos apuntan a un documento emitido el pasado 9 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En él se indicaba que las autorizaciones del proyecto habrían quedado suspendidas por silencio administrativo, afectando tanto a la Declaración de Impacto Ambiental como a las autorizaciones administrativas previas y de construcción.

Las organizaciones vecinales denuncian una larga lista de irregularidades en la tramitación del proyecto, desde errores en la localización de infraestructuras hasta la realización de sondeos y obras sin los permisos necesarios. Asimismo, critican la campaña de desprestigio que, aseguran, han sufrido por parte de la empresa promotora, que rechazan de forma tajante.

En su comunicado, los colectivos señalan como responsables del proyecto a la empresa promotora, entidades financieras, administraciones públicas y organismos implicados en su desarrollo, a quienes acusan de haber permitido un proceso “plagado de irregularidades”.

Especialmente grave, subrayan, es el impacto ambiental causado en una zona protegida por la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Entre los daños denunciados figuran la destrucción de turberas integradas en la Red Natura 2000, la eliminación de flora protegida, la alteración de corredores migratorios de aves y murciélagos en peligro de extinción, así como afecciones al acuífero de la zona y al patrimonio cultural.

Pese a la paralización, los colectivos exigen que los promotores asuman las consecuencias de lo que califican como un “ecocidio”, y reclaman garantías de que no se trasladará el coste económico a las arcas públicas mediante posibles reclamaciones.

Además, consideran que este caso puede sentar un precedente en la oposición a grandes proyectos energéticos en la comunidad. En este sentido, advierten de lo que describen como una “burbuja especulativa” ligada a subvenciones públicas y hacen un llamamiento a la ciudadanía cántabra a mantener la movilización social.

Finalmente, muestran su rechazo al nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio, al que acusan de favorecer la expansión de este tipo de infraestructuras en diversas comarcas, e instan a evitar divisiones en la opinión pública ante este debate.

Los colectivos concluyen reafirmando su compromiso en la defensa del territorio y su intención de continuar con las acciones legales y sociales contra proyectos que, a su juicio, comprometen el equilibrio ambiental y social de Cantabria.