Anova denuncia que casos de corrupción ambiental como el de la mina de Touro, el Monte Neme, San Finx o Valdeorras demuestran que Alberto Núñez Feijóo y su Gobierno dejan de lado "su obligación legal de proteger el territorio"

Anova reclama de Feijóo y su Ejecutivo defiendan el interés general de la población frente a los abusos del sector minero / Xunta de Galicia

17.2.2022

La agrupación política critica que la Xunta esté primando el "negocio especulativo" de las grandes mineras frente al interés general de la población.

En esta línea, señalan que como resultado de la falta del control del Gobierno de Feijóo el territorio está sufriendo la desatención en "algunos de los espacios más ambientalmente sensibles y representativos de Galicia" con el único objetivo de "favorecer el rendimiento económico privado de directivos e inversores de las multinacionales del sector extractivo" al tiempo que altos cargos como Paula Uría, actual directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais hablan de "minería sostible" mientras la Xunta de Galicia "lleva años siendo cómplice y mirando hacia otro lado ante las agresiones ambientales e incumplimientos legales por parte de diversas explotaciones mineras" en un contexto especulativo "de alta rentabilidad económica" para las grandes corporaciones ante el que se mantiene "la misma política de laxitud ambiental y completa falta de planificación" por parte del Ejecutivo autonómico.

"Para un Gobierno responsable Galicia debería contar con todos os instrumentos necesarios para garantizar la protección de la biodiversidad, de los recursos hídricos, del paisaje y de la ciudadanía, algo que sin embargo no está sucediendo por la lamentable política de la Xunta en materia de Energía y Minas", critica Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova.

Contaminación ambiental provocada por la mina de Touro / Anova

Para la formación nacionalista la realidad hoy en día es que "Galicia carece de la normativa y de la voluntad política de controlar que la actividad minera no suponga una amenaza a nivel territorial, como demuestra la total ausencia de ejemplos de restauración minera realizados conforme a la Ley". En este sentido señalan que los casos de afección paisajística y contaminación "están dispersos por toda la geografía gallega" como por ejemplo en la mina de Touro, que ahora pretende reabrir la filial de Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas Cobre San Rafael, pero también en otros enclaves del territorio como el Monte Neme, San Finx o Valdeorras, donde el impacto de las pizarreras sobre el paisaje y los ríos "ha sido brutal", demostrando la total falta de control de la Xunta hacia el sector minero.

La minería de la pizarra ha destruido alguno de los mejores paisajes de la provincia de Ourense / Anova

Anova denuncia que el Partido Popular ha impuesto en Galicia una legislación a medida, rebajando al mínimo las exigencias ambientales y permitiendo el establecimiento de la actividad minera "prácticamente en cualquier lugar del territorio" al tiempo que se desprotegen "de facto" los mejores paisajes de Galicia y no se amplía la Red Natura tal como exige la Unión Europea, se obvia la protección de especies en extinción o siguen sin catalogarse los humedales existentes.

Balsa minera abandonada en el Monte Neme / Anova

En paralelo -critican-, el Gobierno ni siquiera ha llegado a cumplir su obligación legislativa de elaborar un Plan Sectorial de Actividades Extractivas (PSAEG), que según la Ley 3/2008, de ordenación de la minería de Galicia, ha de ser el máximo instrumento de planificación y ordenamiento en este ámbito. Anova recuerda que el PP de Feijóo lleva 13 años incumpliendo la Ley de manera reiterada desde el Gobierno de la Xunta y prefiere "un régimen de semiclandestinidad sin aclarar nunca sus intenciones".

Sin embargo, según denuncian, "de lo único que se tienen certezas es de los constantes escándalos provocados por la opacidad y complicidad de la Xunta con la actividad ilegal de determinadas empresas mineras" que han sido reiteradamente denunciadas por colectivos e instituciones como el Defensor del Pueblo, que ha considerado al actual Gobierno de la Xunta como "Administración no colaboradora o entorpecedora".

Anova considera finalmente que "unos recursos limitados como los minerales, cuya explotación supone su agotamiento, no pueden ser gestionados bajo el prisma de la codicia del gran capital sino que debe primar el Principio de Cautela o Precaución" y además "una planificación racional que tenga en cuenta las necesidades humanas y no las especulativas" que tenga en cuenta la protección de los valores ambientales y las actividades económicas tradicionales favoreciendo de este modo "un desarrollo ordenado del ámbito rural que garantice la protección ambiental, la salud pública y el mantenimiento del tejido social".