Más de 50 colectivos dejan en evidencia los 30 años de incumplimientos de Explotaciones Gallegas a la hora de gestionar el desastre ambiental provocado por la mina de Touro en la cuenca del Ulla
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| Desastre ambiental en el río Portapego / Creative Commons |
18.11.2021
En un comunicado conjunto presentado en el Ayuntamiento de A Illa de Arousa el 13 de noviembre, una nutrida representación del mundo social y del mar explicó que desde el año 2019 la mercantil Explotaciones Gallegas (EXGA) ha tenido varios requerimientos de la Administración para que ejecute un proyecto integral de drenaje de la mina abandonada de Touro, considerando que "las actuaciones que cita la empresa como realizadas en los últimos tres años son actuaciones sobre el papel" que nunca se llegaron a ejecutar.
Por otra parte, denuncian que el proyecto actualmente presentado por ESGA "excede con mucho el ámbito del procedimiento de autorización en dominio público hidráulico bajo el que se pretende tramitar" pero también el procedimiento de autorización de vertidos, ya que "Augas de Galicia no puede asumir las funciones propias del órgano sustantivo minero" al tratarse de una mina que aparece con el número 35 en el "Inventario de instalaciones de residuos de industrias extractivas cerradas y abandonadas en España" publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), razón por la que "los proyectos deberían de estar encuadrados dentro de un plan de restauración conforme al Real Decreto 975/2009, motivo por el cual se ha de presentar también un plan de residuos.
Por otro lado, según denuncian los colectivos, el nuevo proyecto de EXGA deja de nuevo sin tratar de manera adecuada las aguas que rebordan desde la denominada balsa de Bama que según los datos aportados por la Administración presentan "altas cantidades de metales pesados", lo que impide que puedan contar con la autorización pertinente de vertido al dominio público hidráulico. En esta línea, califican de "inadmisible" que la planta de tratamiento que se presenta "sea diseñada para dar servicio a una hipotética futura mina" y no para atajar el problema.
Por eso consideran que "el actual proyecto de drenaje integral debe estar incorporado a un verdadero plan de restauración y tener como objetivo único asumir los pasivos mineros", resolviendo de este modo el problema de la contaminación preexistente de la anterior explotación, desligando el proceso de cualquier futuro proyecto que se pueda presentar para la explotación minera" pues tal como marca la legislación europea, la restauración previa ha de ser obligada a cualquier nuevo plan de explotación.