Golpe de mano contra la minería contaminante en Galicia: la Diputación coruñesa pide la restauración ambiental de la zona afectada por la mina de Touro y rechaza su reapertura
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| Curso fluvial contaminado por la mina de cobre de Touro / Marea Atlántica |
El organismo provincial aprueba una contundente moción de Marea Atlántica apostando por la regeneración de los terrenos contaminados por la explotación y niega su apoyo al proyecto de Cobre San Rafael defendido por Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas.
A excepción del Partido Popular, que se evitó un compromiso explícito y se abstuvo, todos los grupos provinciales votaron el 1 de octubre a favor de la propuesta de restaurar ambientalmente una zona afectada por la megaminería del cobre desde hace más de 30 años que defendió el representante de la formación Alberto Lema.
Lema visitó la zona el pasado 16 de septiembre acompañado por el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez y pudo comprobar sobre el terreno el desastre ambiental causado por la explotación minera, operativa desde 1970 a 1988. Una problemática que actualmente afecta al curso medio del río Ulla y en último término a la ría de Arousa, que como sistema biológico altamente productivo sostiene miles de empleos en los ámbitos del marisqueo, la pesca y el turismo.
"Estamos ante un claro ejemplo de malas prácticas y explotación descontrolada de los recursos naturales, con una huella que permanece después de tres décadas ante la dejadez de la Xunta de Galicia" -denunció Lema-, recordando que la instalación de una planta de tratamiento de lodos de depuradora una vez finalizada la operación minera contribuyó a aumentar el problema.
Por otra parte, para Marea Atlántica, "la situación se agrava por la mala planificación urbanística", ya que "sobre las escorrentías de la antigua mina, a escasos metros de una de estas corrientes de agua contaminadas, encontramos hoy una escuela infantil y un centro para la tercera edad, entre otros inmuebles".
Para atajar esta problemática, la moción de Marea Atlántica finalmente aprobada insta a las autoridades locales y autonómicas a realizar los trabajos de inspección que sean necesarios para determinar el estado de aguas y suelos afectados por las escorrentías de la mina de Touro, y que se lleven a cabo todas las intervenciones que sean necesarias para garantizar la salubridad en la zona.
Además, exigen responsabilidades a Explotaciones Gallegas S.L. como actual propietaria de los terrenos mineros, apremiando a la empresa a ejecutar un plan de restauración definitivo que impida los vertidos contaminantes y ponga fin "a más de 30 años de irregularidades" en materia ambiental.