El Sindicato de Enfermería se muestra "perplejo" ante la posibilidad de que las farmacias gallegas puedan expedir certificados COVID-19

SATSE reclama al Sergas que haga público su acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos / Creative Commons

20/7/2021

SATSE Galicia desaprueba que entidades privadas puedan ocupar el lugar del Sergas ante la confidencialidad de los datos personales a que estas tendrían acceso.

En este sentido, ha mostrado su completo desacuerdo con la actuación del Servizo Galego de Saúde y de su máximo responsable, Julio García Comesaña, después de la firma de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos para la expedición de certificados Covid en sus establecimientos.

SATSE ha trasladado por escrito al conselleiro de Sanidad su rechazo a la medida, al tiempo que pide una copia del acuerdo, argumentando además que el Sergas "dispone de medios y herramientas suficientes" para poder expedir los certificados sin tener que recurrir a entidades privadas como las farmacias.

MANEJO DE DATOS PERSONALES

El sindicato de Enfermería recuerda, además, que se manejan datos que corresponden a la historia clínica de cada paciente y usuario, por lo que "son datos sensibles que no deberían estar accesibles para entidades privadas con ánimo de lucro".

Desde SATSE reclaman al Sergas que gestione optimizando los recursos de los que dispone para que sea la propia administración sanitaria quien pueda encargarse de la expedición de los certificados COVID-19, sin que tengan que ser entidades privadas quienes se encarguen de dicho trabajo, máxima cuando "los ciudadanos tienen su centro de salud, al que acudir para la expedición de dichos certificados".

Tenemos los recursos, tenemos las herramientas, sólo falta la voluntad del Sergas para llevar a cabo una buena organización y no tener que recurrir a entidades privadas e ir, de esa manera, desmantelando poco a poco el sistema sanitario público”, señalan desde el Sindicato. 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Por último, desde la organización sindical se reclama al Sergas que haga público el acuerdo alcanzado con el Colegio de Farmacéuticos para conocer, con total transparencia, si el mismo tiene algún coste económico para la administración pública y si las oficinas privadas de farmacia van a recibir una contraprestación económica o de cualquier otro tipo en base a lo acordado.