Plataformas cántabras en defensa del territorio denuncian la pésima actuación del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla en la tramitación administrativa de parques eólicos

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria durante una comparecencia pública en la Cámara Baja

9/7/2021 

La Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos rechaza la opacidad del Gobierno autonómico y la Plataforma Sur de Cantabria y Montaña Palentina considera que algunos de sus altos cargos están actuando de "comerciales al servicio del oligopolio eléctrico".

Defensa de los Valles Pasiegos critica el modo en el que han podido acceder a los informes emitidos por el Gobierno de Cantabria en el parque eólico El Escudo. Según explica la entidad en un comunicado estos no fueron facilitados por el Ejecutivo autonómico tal como había solicitado un amplio grupo de colectivos "hace más de un mes" y han tenido que recurrir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha "dejado patente" la "falta de transparencia" del Gobierno cántabro.

Según indica la Plataforma, existe un notable cambio de opinión del primer al tercer informe sin que exista documentación al respecto que explique tal cambio de orientación pues inicialmente la Dirección dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente indicaba que el EsIA es pobre en contenido y “el EsIA presentado no cumple con los requisitos mínimos establecidos en las Directrices Técnicas y Ambientales del PSEC en cuanto a la definición de alternativas técnica, económica y ambientalmente viables, considerando este Servicio necesario que la documentación presentada por el promotor de los proyectos sea subsanada, incorporando la información necesaria para dar respuesta a las exigencias que en dicho sentido son recogidas por el PSEC y la Ley 21/2013”.

Este organismo igualmente indica en su informe que los estudios de avifauna protegida, estudio de riesgos de colisión para aves y estudio de uso del hábitat por quirópteros “fueron redactados en 2011, por lo que se considera necesaria su actualización con las mejores técnicas disponibles, ya que tanto la realidad del medio en lo referente a avifauna y quirópteros como las metodologías y herramientas utilizadas en los estudios del medio pueden ser distintas a las de hace 9 años” a lo cual el promotor del proyecto indicaba que está redactando unos nuevos anexos, que supuestamente iban a ser incorporados al expediente en diciembre de 2019, pero que a juicio de la Dirección de Medio Ambiente esto “supone la realización de la fase de Información Pública con una documentación no actualizada, lo que puede invalidar dicho trámite, o en todo caso hacer necesaria una segunda Información Pública con la incorporación de los últimos estudios realizados, de forma que permita tanto a las distintas administraciones implicadas como al público en general disponer de la documentación actualizada”.

En relación a las importantes turberas del Escudo se indica que las infraestructuras asociadas al parque (pistas y línea subterránea de 30 KV) así como los propios aerogeneradores pueden generar una afección a las formaciones de turbera presentes en la zona, tal y como se señala en el EsIA, por modificación en la red de drenaje superficial y el riesgo de contaminación, sin que se articulen medidas o modificaciones de estas estructuras que permitan garantizar la pervivencia en buen estado de conservación de estos hábitats de elevado valor ecológico y alta fragilidad, algo que posteriormente queda relegado a un seguimiento puntual.

Sin embargo, tal y como reclamaba la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos, no se sometió de nuevo el proyecto a información pública, ni a consultas, incumpliendo, entre otros, el artículo 40.5 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así como las Directrices Técnicas y Ambientales del Plan de Sostenibilidad Energética en Cantabria 2014-2020 (PSEC). En este sentido, el colectivo indicó que las alternativas presentadas en junio de 2020 lo fueron, según su juicio, en claro fraude de ley, ya que "estaban destinadas a mantener la inicialmente elegida por la promotora a cambio de desvirtuar todo el procedimiento de impacto ambiental", algo que la secuencia de informes confirma, dejando "en clara indefensión" a la población local.

ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA AL SERVICIO DEL OLIGOPOLIO ELÉCTRICO

Por su parte, la Plataforma Sur de Cantabria y Montaña Palentina ha criticado con dureza las actuaciones de los directores generales de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático y Energía y Minas (Javier Lucio Calero y Manuel David Alvear Portilla respectivamente".

Para el colectivo, ambos están ejerciendo de "comerciales al servicio del oligopolio eléctrico" en el "tour" que están desarrollando por diversas localidades del interior de Cantabria, una zona "para la que no hay planes de desarrollo sólido ni políticas encaminadas a recuperar empleo y finar población que no sea el cortoplacismo y la destrucción medioambiental de la explotación eólica de los montes", recordando que, "hace tan sólo tres semanas", ambos estuvieron en la localidad de Soba, en la Asamblea General de Empresas Eólicas de Cantabria "invitados por ésta a un monólogo y posterior ágape".

La entidad valora que la Administración Pública debe de estar al servicio de la ciudadanía y del interés general, también en la conservación del medio ambiente pero nunca al servicio "de los intereses particulares y lucrativos de las empresas" que están proyectando macroinstalaciones energéticas cuyos beneficios se circunscriben al ámbito privado.

La plataforma entiende que en las reuniones mantenidas con distintos cargos políticos a nivel local "se pretende allanar el camino de impedimentos y reticencias con un discurso que no es nuevo y que ya se ha visto en otros territorios", que no es otro que el "rentas para los propietarios y puestos de trabajo". Pero sin embargo, según denuncia el grupo "los precedentes nos enseñan que ni una cosa ni la otra, pues lo que dejan son migajas del enorme beneficio que se llevan, destrucción de empleo local y pérdida de valor patrimonial, así como graves afecciones al medio natural y a la biodiversidad".