ACOUGA rechaza el modelo de explotación "colonial" asociado a los parques eólicos en Galicia y denuncia la campaña de difamación lanzada desde la patronal y sus filiales para presionar a los jueces con la ayuda de "determinados voceros mediáticos"
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ACOUGA considera que debido a sus irregularidades la aprobación de algunos parques eólicos se acerca "a la prevaricación administrativa" / Julio Robles |
5.8.2023
La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios tacha de "lamentable espectáculo" la actitud de los empresarios y el área de Industria de las secciones autonómicas de sindicatos como CCOO y UGT por los "calificativos, mentiras, desinformación y falta de respeto" que están mostrando contra la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El colectivo considera que el ataque irracional y descontrolado de la patronal contra entidades sociales y ecologistas, pero también pequeñas y medianas empresas, comunidades de montes y vecinas y vecinos en general no tiene cabida en el modelo eólico de explotación vigente en Galicia, que califica de "colonial".
En este sentido, recuerdan que tanto para personas, comunidades y colectivos afectados no existe otra vía para reclamar sus derechos que la judicial, ya que en el procedimiento administrativo la Xunta de Galicia "hace caso omiso" e incluso "ni contesta a las alegaciones, recursos administrativos o cualquier otra comunicación".
Por eso, ante la "injusticia del silencio administrativo como única respuesta" entidades y particulares se han visto obligados a ejercer su legítima defensa ante el TSXG para obtener soluciones "frente al avasallamiento" derivado de una Administración autonómica "que solo actúa en perfecta hermandad con la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y nunca al servicio de la ciudadanía".
CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN INACEPTABLE
Por otro lado, ACOUGA denuncia la campaña emprendida desde la patronal eólica a través de grupos como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y determinadas entidades y áreas sindicales afines a la patronal, como el sector industrial de CCOO y UGT en Galicia, calificando su actuación como "mentirosa campaña de difamación en la que todo vale".
"Las sentencias del TSXG declarando la ilegalidad de determinados polígonos eólicos y más sus autos paralizando el trámite de otros proyectos a causa de la adopción de medidas cautelares se basan en consideraciones jurídicas, por lo que parece que este fangal mediático lo que intenta es poner a la administración de Justicia del lado de la subjetividad, de la desnortada voluntad de beneficio y de la injusticia, en vez de la objetividad e imparcialidad necesarias en un Estado social y democrático de Derecho", explican desde la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios.
Según expone la entidad, "la norma general de los polígonos autorizados por la Xunta de Galicia es el fraccionamiento fraudulento", hecho que practican "para evitar un procedimiento de impacto ambiental más riguroso y eficiente" porque de este modo "los únicos informes aceptados son los que presentan las empresas, que son aprobados sin ni siquiera ser comprobados por el órgano ambiental sustantivo de la Xunta que elabora cada preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA)".
Desde ACOUGA apuntan que "también es causa de nulidad administrativa la acumulación de sinergias ambientales entre diferentes parques que, en la práctica, tendrían que constituir un único proyecto", recordado que sobre este punto "existe abundante doctrina jurídica".
De esta forma, "muchos proyectos son expuestos a la ciudadanía sin contar con los informes sectoriales preceptivos, por lo que existe vicio de nulidad" no solo en referencia a la ley gallega o estatal, sino a la legislación europea.
DEBATE PÚBLICO SOBRE LA ENERGÍA EÓLICA
ACOUGA reitera la invitación a un debate "público, abierto y con datos objetivos" que esté fuera de especulaciones en el que se pueda analizar ante la sociedad gallega el procedimiento de aprobación de los parques eólicos, sobre los que la patronal eólica afirma que son "transparentes y rigurosos". Sin embargo, para el colectivo, la realidad señala que son "oscuros, tramposos, parciales" y que en muchos casos se cursan conforme a procedimientos "que se acercan a la prevaricación administrativa".
La entidad de defensa del consumidor recuerda finalmente que "no es una asociación antieólica como afirma la AEE" sino que se debe a las personas asociadas, que a menudo vienen a ser defendidas frente a un sistema "que no es justo, social, legal, sostenible ni ecológico".
Por este motivo ACOUGA califica la campaña desarrollada desde el ámbito empresarial eólico como "un fraude ruin que ataca los valores democráticos de la sociedad y que está basada en mentiras, en desinformación y postulados dictatoriales que solo buscan crear una corriente de opinión para intentar apremiar sin escrúpulos solo a favor de sus intereses".
"Reiteramos nuestro absoluto respeto al Poder Judicial en el acatamiento de las sentencias y resoluciones, a las instituciones democrácticas y al Estado de Derecho. Y exigimos ese mismo respeto de la patronal eólica, de la CEG, de UGT, de CCOO y del Gobierno Gallego", concluye la asociación.