ACOUGA rechaza la criminalización de las comunidades afectadas por los parques eólicos en Galicia y pide responsabilidad y diligencia a la Delegación del Gobierno en sus actuaciones ante los abusos de las empresas energéticas

Destrucción ambiental y patrimonial provocada por la instalación de parques eólicos en los montes de Amil (Moraña, Pontevedra) / Amil Sen Eólicos

11.6.2023

Manuel Pérez Arias, presidente de la Asociación Galega de Consumidores y Usuarios, dirige un escrito al organismo dirigido por Pedro Blanco mostrando su "estupor e indignación" tras tener conocimiento del hecho de que el organismo público ha mantenido una reunión con la patronal del sector eólico y diversas empresas, tras la que se ha decidido una reunión con las comandancias de la Guardia Civil para que en las zonas de implantación de estos proyectos se realice "una especial patrulla y vigilancia" en previsión "de sabotajes o actos vandálicos".

"Hasta el día de hoy no ha existido ningún hecho ni amenaza que haya podido responder a estos supuestos hechos por parte de personas individuales ni colectivos cívicos" -manifiesta el presidente de ACOUGA- sino que "al contrario, son las empresas eólicas las que atentan contra el patrimonio natural y cultural y así lo reflejan las sentencias de Sasdónigas y O Iribio en la provincia de Lugo y los recientes atestados del SEPRONA en Amil, en el ayuntamiento de Moraña, en Pontevedra".

Vecinos de Amil (Moraña, Pontevedra) comprueban la situación de sus montes en la zona afectada por la instalación de parques eólicos / Amil Sen Eólicos

"Asi mismo tenemos abundantes casos por parte de las empresas de entradas en propiedades particulares sin la correspondiente autorización a realizar mediciones, catas y otras labores para proyectos que aún no tienen licencia", continúa el responsable de la asociación de consumo, recordando la existencia de "un amplio catálogo de manifestaciones de propietarios que deben luchar cotidianamente contra la falta de información de los proyectos de coacciones y amenazas por parte de las empresas para que firmen los contratos y otros muchos sucesos que atentan contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española".

Por estos motivos, el responsable de ACOUGA, como organización que lleva la defensa de numerosas personas y colectivos afectadas en las cuatro provincias gallegas por la implantación forzosa de este tipo de proyectos energéticos, rechaza de manera frontal la criminalización de las comunidades afectadas por los parques eólicos en Galicia al considerar que están defendiendo su legítimo derecho a la propiedad privada, a la conservación de la naturaleza, a la defensa del patrimonio cultural y a la legalidad.

"A nuestro entender estas acusaciones infundadas vienen a consecuencia de las últimas sentencias judiciales, donde está quedando bien claro que los proyectos eólicos en Galicia, tal y como se han venido desarrollando, no se ajustan a derecho. Y es por eso que las partes que pierden en los Juzgados buscan una victimización que no existe más que en sus mentes", asevera Pérez Arias en su escrito.

UTILIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS A FAVOR DE INTERESES PRIVADOS

Para el presidente de la Asociación Galega de Consumidores y Usuarios resulta fundamental que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sean usados por las empresas "a modo de Seguridad Privada" detrayendo recursos públicos para el interés comercial de las grandes energéticas: "si alguien quiere vigilancia privada que la pague de su bolsillo pero no a costa de los impuestos de todos y menos aún cuando son las propias personas afectadas las que están sufriendo agresiones en su propiedad", reclama.

"No nos parece mal que la Guardia Civil vele por la legalidad, pero siempre con ecuanimidad y rigor. Podrían presentarse a denunciar en las obras de los parques eólicos para preservar el cumplimiento de la legalidad en la ejecución de los mismos y así no tendríamos casos como los ya indicados de Sasdónigas, O Iriribo o Amil. Estos sí son hechos probados y no conjeturas", expone el responsable de la organización de consumidores.

El presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios pide a la Delegación del Gobierno, finalmente, "que cumpla con su obligación de velar por el bien público siguiendo las normas del sentido común y las establecidas en las leyes y no dimes y diretes, infundios e intenciones espúrias" ya que "no hay ningún motivo fundado que avale la información recibida".